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San Salvador, 20 jul (EFE).- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) exhortó hoy a El Salvador a ratificar el convenio marco para el control del tabaco, después de que el presidente del país, Mauricio Funes, vetó una ley que prohíbe su consumo en público.
A su vez, el partido de Gobierno, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), lamentó la decisión del jefe de Estado y lo consideró "un retroceso en la protección y prevención en materia de salud pública".
En uso de sus facultades constitucionales, Funes vetó este martes un decreto de ley aprobado el pasado 23 de junio por la Asamblea Legislativa que prevé, entre otros, regular el consumo de tabaco en lugares públicos.
Funes consideró la norma "inconveniente" y advirtió que afectaría "actividades empresariales".
"Existen formas más adecuadas de establecer una prohibición de tal magnitud como la que se presenta en el decreto sometido a consideración", opinó el mandatario, e indicó, además, que "se ve perjudicada la libertad económica de los agentes que participan en el mercado".
La OPS alertó que "mientras el consumo de tabaco ha disminuido en varios países de ingresos altos, está creciendo en la mayoría de los países de ingresos bajos y medianos, que están menos preparados para hacer frente a las consecuencias".
"En El Salvador preocupa el incremento en la epidemia del tabaquismo, la cual reportó en el año 2009 que el 27 % de los adolescentes de 13 a 15 años ha fumado alguna vez en su vida y que casi la mitad de ellos consumió su primer cigarrillo antes de los 10 años, convirtiéndose los adolescentes en el blanco de la publicidad que promueve el consumo de este producto", subrayó el documento.
Indicó que El Salvador "es el único país centroamericano" que no ha ratificado el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, que, de acuerdo con el organismo internacional, ha sido suscrito por 173 países.
Por su parte, el FMLN señaló que la ley contra el tabaco "generó grandes expectativas en la población, personal e instituciones de salud".
"Lo más grave será que la niñez y adolescencia continuarán siendo víctimas de esta terrible adicción y su daño subsecuente al no existir marco regulatorio para tan nefasto producto", añadió la antigua guerrilla en un comunicado.
Al respecto, la diputada oficialista Zoila Beatriz Quijada, quien preside la Comisión de Salud, estimó importante que "prevalezca el interés público, el interés de la ciudadanía" en la protección de la salud y en la prevención de enfermedades.
"Estamos en la disposición, si así lo consideran otros grupos parlamentarios, de superar este veto presidencial", añadió en una conferencia de prensa.
La Constitución establece que en caso de veto presidencial la Asamblea "reconsiderará el proyecto, y si lo ratificare con los dos tercios de votos" de los 84 diputados electos, "lo enviará de nuevo al Ejecutivo, y este deberá sancionarlo y mandarlo publicar".
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